Madre E Hija Se Hicieron Pasar Por Abogadas De Inmigración Y Por Su Culpa Deportaron A Sus Clientes
Madre Y también Hija Se Hicieron Pasar Por Abogadas De Inmigración Y Por Su Culpa Deportaron A Sus Clientes
La sonrisa amable de no se desdibujó en sus seis oficinas en el sur de California ni siquiera cuando se enteró que uno de sus clientes del servicio fue deportado debido a su representación legal indebida. Tuvo exactamente la misma reacción con otro caso en el que una mujer regresó a Guatemala por la expulsión de su esposo, que también fue su cliente del servicio.
La ‘notaria’ o bien consultora de inmigración Judith Gil, de sesenta y cinco años, no actuaba sola. Su hija, Minerva Gil, de treinta y seis, era su cómplice defraudando a múltiples inmigrantes a los cuales les cobraron miles y miles de dólares americanos prometiéndoles permisos de trabajo, procesos de asilo y tarjetas de vivienda permanente. Puesto que ninguna estaba autorizada para ejercer la abogacía en el estado de California, estos nunca llegaron a sus manos.
Según las autoridades, ellas incluso afirmaban que tenían contactos en el Servicio de Naturalización y Ciudadanía (USCIS) que les facilitaban la aprobación de esos trámites. Pero la mayoría de las veces no hacían más que someter los procesos a dicha entidad y después los abandonaban a su suerte.
“Hizo mucho daño a muchos clientes que fueron sus víctimas”, afirmó a Mike Chávez, estudioso de la Barra de Abogados de California, que tomó este caso hace unos meses. “No va a salvar a bastante gente de que los deporten”, advirtió siendo cuestionado sobre las consecuencias que este negocio fraudulento podría conllevar a las víctimas.
Otros perjudicados tuvieron que contratar a abogados legítimos buscando no terminar en la lista negra del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).
Al momento no se tiene una cifra precisa de víctimas de las Gil, ni de cuántos terminaron deportados por su culpa. La Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles, que representó a los perjudicados ante una corte local, indicó que madre y también hija “fueron acusadas de supuestamente cobrar a los clientes miles de dólares por servicios, mientras que ofrecían información falsa y consultoría legal no calificada”.
La demanda penal contra Judith Gil incluye 17 cargos, que van desde violaciones a leyes de consultoría migratoria y fraude, hasta la práctica ilegal de la abogacía. abogadas de inmigración Tras no contender contra estos cargos, un juez la sentenció a sesenta días en una cárcel del condado, aunque le dio la opción de cumplir esa condena en su casa o bien realizando trabajo comunitario a lo largo de cuarenta y seis días. Después deberá cumplir 36 meses de libertad condicional.
También se le ordenó restituir un total de 13,355 dólares a 3 de sus víctimas. Por último, se le señaló que no debe brindar consultoría legal o bien fomentarse como abogada sin tener una licencia y que solo con la autorización de las autoridades federales puede trabajar como consultora de inmigración.
En tanto, a su hija, quien fue acusada de un cargo de actuar indebidamente como asesora de leyes de inmigración y ser parte de la farsa de su madre, le impusieron una condena de 30 días en una cárcel del condado, que puede purgar solo con veinte días de trabajo comunitario. Asimismo deberá abonar 3,855 dólares a una víctima y cumplir treinta y seis meses de libertad condicional.
“Nuestras comunidades de inmigrantes son más susceptibles que nunca a ser explotadas por aquellos que se aprovechan de su temor y vulnerabilidad”, dijo Mike Feuer, fiscal de la ciudad de Los Ángeles, al anunciar el pasado jueves las convicciones contra estas mujeres.
Los investigadores consiguieron una orden a inicios de febrero para registrar las seis oficinas de las Gil en el sur de California. En unas 300 cajas empacaron miles de documentos que utilizaron como evidencia en el juicio y que ahora buscan devolver a las víctimas. “Esos clientes del servicio fueron a Judith Gil pensando que era una abogada”, afirmó Abraham Baghen, funcionario de la Asociación de Abogados californiana.
Una de las presuntas víctimas de las Gil es Julie Blanco, una joven colombiana que aduce haberles pagado en torno a 4,000 dólares americanos aguardando que le ayudaran a regularizar su estatus migratorio. “Simplemente confié en ellos”, lamentó .
Por su parte, el venezolano Jennsi Villavicencio dice que su futuro es incierto pues desconoce de qué manera procesaron su proceso de asilo. Merced a su permiso de trabajo, que vence en 2020, él mantiene a sus familiares en Venezuela, un país que enfrenta una severa crisis política y económica.
“Me preocupa cada día que pasa. No sé qué pueda pasar a partir de aquí. Todo es incierto”, dijo.
Estos son algunos consejos que ofrece la dependencia para no caer en las garras de los defraudadores:
- No contrate a un ‘notario’ o asesor de inmigración si busca ayuda sobre su situación migratoria. Ellos no son abogados ni especialistas en inmigración. De hecho, la ley no demanda que sepan nada sobre derecho migratorio porque solo tienen tolerado asistirle con labores no legales, como traducir información.
- No pague a un letrado de inmigración sin antes confirmar que la persona está autorizada para ejercer la profesión. Para ello consulte la página de internet de la Asociación de Abogados de cada estado. Asimismo se puede buscar en la base de datos de la
- No pague por formularios de inmigración. Puede pedir estos documentos sin costo alguno llamando al Servicio de Ciudadanía y también Inmigración (USCIS) al teléfono (ochocientos) 870-tres mil seiscientos setenta y seis o visitando
- Obtenga información sobre inmigración de páginas lícitas del gobierno (su link termina con gov).
- No entregue dinero por servicios de inmigración hasta haber solicitado y leído una copia de su contrato. Si no habla inglés, está en su derecho a comprobar una copia traducida al español, que debe indicar los servicios que se prestarán y el costo. Toda vez que le pague a un letrado o consultor solicite un recibo.
