Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 por cien De Los Inmigrantes Argelinos

La polémica política generada en el mes de septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de una treintena de argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a la predisposición del juez de guarda, ha derivado en una movilización de los abogados de la región para demandar explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e incluso irregulares». En concreto, el Instituto de Abogados estudia elevar una protesta ante el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del PSOE), por el hecho de que solo sesenta y cinco de los 509 inmigrantes llegados a la urbe en las 2 últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

Este colectivo profesional asimismo quiere conocer los motivos por los cuales la gran mayoría de estas personas no fueron puestas a disposición judicial, como sí se ha hecho en decenas de ocasiones durante los años. No es una medida ilegal, puesto que el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, mas lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para solicitar autorización para el internamiento provisional, en el expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la urbe el 20 de septiembre, el Ayuntamiento tuvo perseverancia a través de taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barna y Zaragoza, con la meta de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, algunos intentarían alcanzar posteriormente Bélgica y Alemania. abogado extranjeria

«No tenemos ni idea de si les han tramitado los expedientes o bien si los han liberado directamente»

Según señalaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados frente al juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda mas remota opción alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.

Críticas al «efecto llamada»

Tanto en un caso como en el otro, los abogados estiman que se trata de procedimientos no convenientes, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes están en su derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», es decir a que haya un control de su situación por la parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y añaden que quedan desamparados, en frente de posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los 18 años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue sobre aviso para asistir a un detenido por otro asunto mas no a estos.

El Colegio advierte de la posible transgresión de derechos de menores y de demandantes de asilo

Según los datos a los que ha accedido este diario, en fechas no precisadas entre el veinte de septiembre y el nueve de octubre pasaron a predisposición judicial 106 inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 31 llegaron al Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena; 67 al de Instrucción 4; y ocho al de Instrucción cinco. Esa cifra de ciento seis personas equivale al 20 por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y salvados en ese periodo, en frente de las costas de la Región, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el 80 por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace unos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.

En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el socorro de un letrado. No obstante, los datos recabados hasta ayer por el Colegio de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.

La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza

El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Colegio, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad celebrará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, prácticamente con toda probabilidad, la corporación demandará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni la más mínima idea de de qué forma se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha gestionado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o bien si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y agregó que en el Instituto estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -asimismo hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial absolutamente brutal, incluso cara la competencia del juez penal, si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal.

En estas últimas 2 oleadas, la Policía logró que los jueces imputasen a un hombre sospecho de ser el conduzco o 'paterista' de una de las embarcaciones, así como a seis por el asesinato por imprudencia de un niño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, pues hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede originar una ocasional protesta ante el Consejo de Europa. Este especialista apuntó asimismo que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con ello, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se efectúan con presencia un traductor, para garantizar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder hoy a 'La Verdad' sobre su gestión de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Municipio, PP, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial peligro de enfrentamientos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración».

El dispositivo de hace un par de años

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Asamblea Regional, entre otras muchas cosas por el hecho de que cincuenta de argelinos pasaron la noche del seis al 7 de octubre recostados en sillas, bajo una carpa de tela y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Instituto de Abogados recordaron que, en octubre de 2017, previa coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guardia, uno de ellos en el pabellón ubicado al Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides. Allí tomaron declaración a doscientos ochenta y cinco de los 534 inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los 150 trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

Los argelinos acabaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en la mitad de una fuerte polémica por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernativo, Francisco Bernabé (del Partido Popular), había llegado al cargo exactamente porque el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. asesoria extranjeria Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político. gestor de extranjeria